viernes, 20 de enero de 2012

Sobre la democracia directa e indirecta: el contrato político





Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. (artículo 23 de la Constitución Española)


La más sacrosanta institución política de nuestros días, la democracia electoral burguesa, no podía escapar al filo de una crítica despiadada. Siguiendo el  enunciado del art. 23 de la Constitución Española, que divide la participación en los asuntos públicos en directa e indirecta, he intentado desarrollar toda una reflexión sobre qué significa eso de participar indirectamente (toda una contradicción en los términos).  No creo haber descubierto la pólvora cuando deduzco que desde el momento en que encargo a un tercero que participe por mí, yo ya no estoy participando. La tesis de fondo  es muy sencilla: la democracia representativa no puede ser otra cosa que la negación de la democracia como tal. El sistema de sufragio obliga a los ciudadanos a vender sus derechos (no solo en el sentido jurídico del término, sino en el genérico, de posibilidad o potencialidad efectiva) de participación directa en los asuntos públicos.

Nuestra Constitución se hace cumplido eco del sentido de la democracia occidental, entiende que la participación a la que la ciudadanía tiene acceso puede ser indistintamente directa e indirecta. Siendo realmente escasos los casos en que es admisible el ejercicio de la democracia directa, contemplada a niveles restringidos en el ámbito municipal en el caso de las llamadas asociaciones vecinales a las que las leyes atribuyen funciones intermedias de consulta y no de decisión (prohibido taxativamente por el art. 69.2 de la Ley de Bases de Régimen Local) o el llamado derecho de Petición o la Acción Popular, figuras realmente decorativas y nada efectivas, más que sobre el papel) obtendremos que nuestro régimen político se inclina fundamentalmente por la democracia indirecta. 

Conceptos como el de democracia son puestos al servicio de una determinada forma de gobernar. En esta dirección la clasificación entre democracias directas e indirectas sirve muy bien a sus objetivos de confundir y a su vez mistificar el sistema de gobierno imperante en los países de nuestra órbita como auténticos sistema democráticos, en los que realmente es el pueblo el que gobierna. Los atributos que predican de una forma de democracia su caracterización como  directa y de la otra como indirecta actúan más que nada como delimitadores de matiz que no excluirían en ningún caso el concepto básico al que se refieren. En suma, ambas clases de democracia, directa e indirecta, serían distintos modos de manifestarse un solo concepto, el gobierno del pueblo que en ningún caso desvirtuarían ese hecho básico y sustancial.  Pero nos topamos con un problema; y es que una gran cantidad de actividades humanas de este mundo, empezando por la principal, vivir,  no se pueden ejercitar indirectamente.  

No se puede comer, respirar, amar, trabajar o conducir indirectamente, a menos que alguien crea en los mediums y el espiritismo. La mediación excluye por definición la facultad de intervenir y actuar. La palabra participar, ser parte, está sujeta a su propia alienación jurídica. Para ser parte en un proceso judicial es imprescindible otorgar la representación a un procurador, del mismo modo, para ser parte en la actividad política se hace necesario conferir poderes plenos a un representante elegido por sufragio universal. Pero cuando el verbo participar no se somete  al entarimado jurídico, siempre se ha entendido que solo cabe ser parte en persona. En un certamen o competición deportiva solo se puede participar directamente, pues por otro lado es inconcebible que se pueda jugar o correr por medio de otra persona, salvo el caso previsto para las ficciones jurídicas que otorgan personalidad a entes suprapersonales.   Nadie puede vivir por ni a través de otro. 

Lo cual no significa que sea inconcebible que, en virtud de complejos mecanismos psicológicos de proyección -identificación, no se puedan asumir como propias las vivencias de terceras personas. El que muchas mujeres de escasa cultura disfruten y asuman como propias las vivencias de la Princesa Violeta de Tasmania (es un nombre imaginario, no quiero dar nombres reales, entre otras cosas porque me importan un pepino los nombres y las vidas de las princesas reales), su puesta de largo, sus fiestas de lujo, sus amores y desamores,  no significa ni mucho menos que esa vida sea la suya; más bien al contrario, lo que subyace a todo esto es un proceso de alienación y expropiación de su propia vida, exactamente igual que  el pervertido, cuyo disfrute de una película pornográfica es directamente proporcional a su incapacidad de disfrutar de una sexualidad propia. Por esa misma regla de tres, a la democracia indirecta jamás podrá conceptuársela como democracia sino como algo bien distinto, como alienación y expropiación de la democracia. 

En resumen, participar por medio de representantes equivale a negar la participación propia en los asuntos públicos. A lo que me limito cuando voto es simplemente a participar en la designación del citado representante, que es quien realmente participará en los asuntos públicos. El artículo 23 de la Constitución debió redactarse del siguiente modo: “los ciudadanos no tienen el derecho a participar en los asuntos públicos. Directamente pueden ejercitar la acción pública o el derecho de petición, de dudosa eficacia, pues la decisión que recaiga finalmente está sujeta a la apreciación final de los órganos representativos. También se pueden someter determinados asuntos a plebiscito, aunque quien formula la pregunta y matiza sus consecuencias es siempre el Gobierno. Los ciudadanos a lo que pueden optar es, en suma, a participar, en elecciones periódicas por sufragio universal, en el proceso de designación de los representantes propuestos por los partidos políticos y que son quienes, a fin de cuentas, participarán en los asuntos públicos”.

Representar, como la misma palabra indica, equivale a presentar dos veces, duplicar o replicar. La duplicación representativa, no obstante, no suele implicar duplicación real o material al modo de la que generan ciertas estructuras físicas (sistemas de cristalización) y orgánicas (la replicación de los seres vivientes). La representación, de uno u otro modo, nos lleva directamente al mundo simbólico, a los sistemas de simbolización, a la emisión de signos, símbolos y señales evocadoras del mundo exterior. Las representaciones, más que como objetos reales, intervienen como nexos con los objetos reales. Hemos restringido pues el concepto de representación al de un cierto género de duplicación de valor instrumental, como evocativo y alusivo al mundo, como nexo con el mundo, aunque realmente no es el mundo sustantivo, es un mundo social o relacional donde los sistemas simbólicos regulan y controlan el flujo de información social imprescindible cara a la regularización de sus distintas transferencias en materia económica (dinero), políticas, burocráticas, etc.  

En relación al papel desempeñado por la representación, se puede asegurar que el género de estatismo y sumisión a las formas y procedimientos que predica el liberalismo es profundamente paralizante y fetichista por cuanto que sujeta a dogma las categorías mismas y la forma de la representación, tomada en sí misma como principio legitimador último del sistema. Por esa regla de tres se identifica la voluntad o soberanía popular como la representación de dicha voluntad o soberanía popular, lo cual viene a ser lo mismo que identificar un paisaje real con la foto o el dibujo que se hace de dicho paisaje. Spinoza ya dijo al respecto que no se puede identificar la idea con lo ideado y que, por tanto, el concepto de perro ni ladra ni muerde. 

 La relación representativa no es otra cosa que una relación social y, como tal, una relación simbólica. En política, la voluntad del pueblo se somete a un proceso de simbolización, quedando plasmada finalmente en el vínculo representativo, un vínculo cuyos polos están constituidos por el representante, inicialmente surgido de una emanación de la voluntad del representado, y que acaba adquiriendo fuerza y autonomía propia, sus propias fuentes de nutrición y dependencia, que no tienen porqué coincidir con la fuerza matriz que le ha dado finalmente existencia como tal representante, la voluntad del representado. Porque en la configuración del representante no ha intervenido solo una madre, el elector, sino también un padre, autoritario y poderoso, el partido político que lo presenta en sus listas, al que el representante debe en todo momento fidelidad bajo riesgo de expulsión del clan y condena de por vida al ostracismo político, siempre y cuando no lo quieran acoger otros padres adoptivos.


El modelo demo-liberal ha sido criticado desde mil posturas distintas, ninguna de las cuales se ha salido ni un ápice de sus presupuestos básicos. Las críticas han sido más bien correctivos al modelo general: la búsqueda de la proporcionalidad en la representación, la rendición de cuentas de los representantes a los representados, la crítica al sistema de listas cerradas, o la crítica al Estado de Partidos como electores efectivos de los representantes. No parece haber una crítica radical al sistema demo-electoral, sino más bien a sus efectos, cuando lo que se censura de él no es el mandato tomado en sí mismo sino determinadas formas y contenidos del mismo. 

No se trata de cambiar la adscripción de una clase a otra de los miembros del parlamento porque un parlamento es siempre un parlamento, un órgano compuesto por delegados/representantes que, con independencia de su extracción y origen social, acaba proyectándose a sí misma como una clase política monopolizadora y expropiadora de las voluntades concurrentes. Cambiando la correlación de clases y fuerzas políticas representantes no se cambia nada, ya que seguirá en pie la misma estructura mistificadora de la representación.

 Galvano Della Volpe busca recuperar a Rousseau a base de rescatar la doctrina del mandato imperativo frente a la del mandato representativo: instituir la obligación del representante de rendir cuentas permanentemente  a sus electores, implantar la facultad de estos últimos de destituir y revocar de su puesto al elegido que incumple los términos de su contrato. Se plantea ante todo un reajuste de los términos del contrato. 

El mandato representativo, más parecido a una relación de tutela sujeta a prórrogas sucesivas a voluntad de los electores que a los términos de un contrato bilateral de mandato, quedaría derogado por el mandato imperativo. Este último sistema es el que sin lugar a dudas defiende Marx en su análisis de la Comuna de París (el Parlamento es una corporación de trabajo, ejecutiva y legislativa a un mismo tiempo) y del que se hace eco Lenin en El Estado y la Revolución. 

No se impugna la democracia indirecta ni el sistema de representación como suplantación y sustitución del ciudadano, sino el olvido de las promesas electorales que en cierta ocasión auparon al representante a las estructuras del poder, los vicios en el consentimiento del elector o la disparidad de intereses de los elegidos en relación con los de los electores. El representante no dejará de ser representante por mucho que le bajen los humos fundiéndolo con las masas o poniéndole un azadón en la mano. 

De lo que se trataría sería, más que de sustituir el sistema, de equilibrar los términos de la balanza, de ajustar el contenido de las obligaciones del elegido, de instaurar un sistema de rendiciones de cuentas periódicas, etc.  No obstante, se cambie lo que se cambie, se reforme lo que se reforme, la mistificación seguirá en pié. Los electores continuarán expropiados de la democracia, del poder de participar por sí mismos en la gestión de los asuntos públicos. Y es que no caben correcciones posibles (ni en sentido democratizador ni en ningún otro) a un sistema que es en esencia enajenante y antidemocrático, expropiatorio y suplantatorio de la democracia.

 Sin lugar a dudas, es posible corregir ciertos efectos aunque no sus causas. La constitución de las élites políticas, la formación de la clase de los profesionales de la política, hemos de entenderla como un resultado directo de este sistema enajenante de transferencia de poder. Ciertamente es posible reducir el nivel de corrupción de los gobernantes mediante la implantación de un sistema de controles y contra-poderes recíprocos, es posible reducirlo pero no extirparlo. De la existencia de esa élite de profesionales encomendados, surgida directamente al amparo del sistema de elección-delegación, radica la fuente misma tanto del poder como de sus correlativos abusos. La construcción de la democracia (directa, pues no hay otra) solo puede pasar por la supresión de la clase política y de sus respectivas oligarquías, por la socialización efectiva de lo político, en suma, por la restitución a la sociedad de la capacidad de gestionar y decidir sobre los asuntos públicos sin mediadores de ningún tipo.

Así como en las teocracias no es Dios el que gobierna, sino su título de legitimación que da base a cierto tipo de poder despótico, en los sistemas democráticos los gobiernos no se basan en la voluntad de los pueblos de gobernar (la llamada Soberanía Popular) sino precisamente en todo lo contrario, en la voluntad de los pueblos de no gobernar y ser gobernados por otros mediante un sistema al que daré el nombre de Contrato Político entendiendo que se trata de aquella relación bilateral en virtud de la cual se eligen  y renuevan los gobiernos  a través de sucesivas convocatorias electorales periódicas, o lo que viene a ser lo mismo, a través de un contrato de mandato representativo al que se le llama emisión del voto o sufragio, cuyos términos recogen la masiva renuncia de los ciudadanos a gobernar por sí mismos, renuncia que se sustancia en la encomienda de las tareas de gobernar a terceros, generalmente profesionales de la política agrupados y encuadrados en organizaciones, como los partidos políticos, fuertemente identitarias y oligárquicas. 

Se trata de la integración y trasposición autoritaria al ámbito de lo político del sistema contractualista que impregna toda la sociedad civil. El contrato que firman todos y cada uno de los votantes es un contrato de adhesión, similar a los que presentan al usuario las grandes compañías suministradoras de agua, teléfono, luz, gas, etc en los que el consumidor ha de acatar y aceptar sin rechistar todas y cada una de las cláusulas que les impone la parte oferente sin margen ni posibilidad alguna de negociación. Dios, Pueblo y Proletariado, respectivamente, serían esas categorías a las que Castoriadis llama significaciones imaginarias y que se sitúan en el vértice de cada relación de poder. Cada una de esas fuentes de poder y dominio se engranan a una determinada forma y organización del Estado. En el primer caso Dios, como monopolio de las clases sacerdotales, mediadoras con la divinidad por excelencia, no exige otra contrapartida en sus relaciones de mediación que no sea el fiel acatamiento por los súbditos de las normas y disposiciones sagradas. 

Por lo que respecta al Pueblo y a la democracia bajo los regímenes liberales constitucionalistas no deja de ser también una mistificación. Si bien bajo las autocracias teocráticas y los regímenes fascistas y stalinistas el agente mediador suple a la fuente originaria de poder a la que apela (ya se trate de la infalibilidad del Papa como Vicario de Cristo o de la del Duce o del Gran Timonel como sumos intérpretes), en el caso de las democracias parlamentarias la fuente originaria de poder (el pueblo, el electorado) es directamente incorporada al procedimiento político mediante el mecanismo de las consultas electorales periódicas. 

Sin embargo, la sustitución de la fuente no se produce como en los casos anteriores, por la vía de la sustitución imaginaria de una fuente igualmente imaginaria sino por la vía de la sustitución contractual de la fuente real. La sociedad burguesa es por excelencia el universo de las mistificaciones objetivas, algo que, por otra parte,  ya advirtiera Marx en su magistral análisis del fetichismo de la mercancía -, como forma bajo la que se encubre el trabajo real, - contenido en el Libro Primero de El Capital. Del mismo modo, en el acto de votar la inicial soberanía del elector se convierte en renuncia a esa misma soberanía a la par que queda suplida por la soberanía del elegido. La transferencia de la esfera de poder atribuida al ciudadano de modo hipotético- ya que es sola y exclusivamente ejercitable en el momento mismo de la emisión del sufragio-  se consuma en el acto de la elección. El ciudadano que no participa de esa renuncia masiva a, valga la redundancia, participar, ni siquiera es tenido en cuenta, pasa a engrosar las estadísticas de la abstención activa o pasiva (¿qué más da?).  Existen legislaciones, como la belga, donde el voto es obligatorio, o lo que es lo mismo, donde la opción a no renunciar a participar por sí en los asuntos públicos no solo no tiene efectos, como en el caso anterior, sino que además es ilegal.  Aunque, todo hay que decirlo, bajo los regímenes autocráticos, teocráticos  y totalitarios de índole fascista o stalinista ni siquiera existe la opción a renunciar a la democracia o a delegar el poder por parte del ciudadano, pues el ciudadano no es tal ciudadano con voluntad propia sino un subordinado a una voluntad ajena, la del Estado (portador de la voluntad de Dios, de la de los ancestros, de la de la Patria, de la de la Revolución Proletaria) que se le impone de forma unilateral y absoluta.

El problema diferencial descansa en una cuestión de fondo. La sociedad burguesa inaugura el tráfico político. Es este un hecho sin precedentes en la Historia. La política se ha convertido en campo de acción susceptible de apropiación social y el caldo de cultivo de la sociedad política no podía ser otro que el de la sociedad civil. La construcción de la sociedad civil, fuente de poder y legitimación, es una creación genuina de la sociedad moderna. En este nuevo contexto es en el que realmente se hace posible hacer operativo el concepto de expropiación de la política. No puede, por tanto, existir tal expropiación de la política o de lo político bajo los despotismos asiáticos ni bajo los sistemas estamentales o de castas donde la sociedad se halla totalmente estructurada y articulada, sujeta a la estructura piramidal del Estado. 

La sociedad civil no se presenta bajo tales formaciones como ente independiente dado que no tiene existencia propia. La sociedad civil solo puede aparecer bajo este medio de atomización social (hasta el individuo, hasta el ciudadano) que genera la sociedad moderna. Por tanto, se expropia o incauta solo aquello que se tiene. 

Los sistemas gerenciales y despóticos no establecen procedimiento alguno de expropiación de la política o de lo político porque, entre otras cosas, es este un ámbito de la vida social que no encuentra presencia ni existencia propia. Los súbditos, los vasallos, los siervos y los intocables están orgánicamente incorporados a la estructura político-social, pertenecen al Estado, sus relaciones para con este no son de autonomía sino de dependencia. Son, por tanto, parte integrante del Estado, titular este de prerrogativas absolutas. 

La autonomía del súbdito en tanto que individuo o en tanto que ciudadano lleva implícita la asignación al mismo de una esfera o parcela de poder o soberanía. Las potencias individuales interactúan a niveles jurídico-privados (como situaciones jurídicas de poder y situaciones jurídicas de deber), y de esa mutua interacción surge el poder del Estado, soberano de soberanos, actor en el plano jurídico-público y producto, a su vez, de una cesión parcial de la soberanía de los individuos. 

El sistema representativo supone la  quiebra de la teoría política liberal. Se sitúa en el origen del proceso de expropiación de la política a los ciudadanos. El sistema representativo monopoliza el tráfico político, diluye la  voluntad de la ciudadanía de participar en la simple voluntad de encomendar a terceros tal participación, transfiere los contenidos de las decisiones políticas a oligarquías políticas encargadas de programar la totalidad de los intereses sociales, traspasa el conjunto de aspiraciones, filosofías e idearios de la colectividad a esas mismas organizaciones que, en régimen de monopolio, administran la ideología y la filosofía del quehacer político. 

La política se institucionaliza y a medida que se institucionaliza se evapora. Esta integración y alienación no se produce solo en el plano político, sino también en el plano económico.  El airado ciudadano que se queja de la administración del dinero del Estado clama indignado ¡eso hacen con (mis o nuestros) impuestos! 

Bajo esta forma de expresarse se intuye un problema de identificación y alienación. En primer lugar, los impuestos no son del ciudadano, son del Estado. En segundo lugar, el ciudadano no contribuye (parece esa ser la acepción del concepto, la de una dádiva voluntaria), más bien se le  hace contribuir. Pero al dinero del Estado se le ha dado en llamar dinero público, como si fuese el público quien lo administrara y dispusiera de él. El ciudadano hace valer sus derechos porque cumple con sus obligaciones fiscales, como si pagando sus impuestos estuviese comprando el derecho a votar, a reunirse, a ser tratado por la policía con cortesía, etc.  Pero el Estado no es el ciudadano, ni mucho menos. La representación política no tiene contrapartida (el representado jamás podrá destituir al representante), la política fiscal, tampoco (la misma Ley General Tributaria define los impuestos como tributos exigidos sin contraprestración, cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica, que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia de la posesión de un patrimonio, la circulación de bienes o la adquisición o gasto de la renta (art. 26.1.c)), la paridad entre el poder y el individuo no existirá jamás. El sistema representativo ha encapsulado al ciudadano, le ha atribuido la condición de elector aunque solo bajo los requisitos y procedimientos establecidos y en el momento señalado. Es solo elector durante unos pocos minutos. El poder se encargará de administrar a su antojo el tiempo restante.

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